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El PSOE quiere renovar antes de junio el Poder Judicial y el Constitucional
El nombramiento de los 25 cargos en funciones necesita el acuerdo del PP
J. M. LÁZARO - Madrid - 17/03/2008
Concluida la batalla electoral, los resultados no permiten despejar aún si la Justicia seguirá sumida, como en la legislatura anterior, en el centro de la batalla política. Entre las prioridades que el nuevo Ejecutivo tendrá que acometer figura la renovación del Poder Judicial y del Constitucional, y el relevo o ratificación del fiscal general del Estado.
Las Cortes se constituyen el 1 de abril y el Gobierno no quiere esperar tres meses a que el PP celebre su congreso de ratificación o cambio de líder. "Nosotros tendremos que volver a designar negociadores y el PP los suyos, pero quedan tres meses hasta el verano y creemos que hay tiempo para renovar el Consejo y el Constitucional", señala el portavoz del PSOE, Diego López Garrido.
La renovación del Poder Judicial, cuyos consejeros están en funciones desde el 7 de noviembre de 2006, es la prioridad más urgente. Las Cortes tienen que nombrar, por mayoría de tres quintos, a los 20 consejeros y éstos nombrar a su presidente. Los candidatos de las asociaciones fueron designados en su día y todo está a la espera de un acuerdo.
El PP prometió que, si ganaba las elecciones del 9-M, cambiaría la fórmula para que fuesen las asociaciones las que nombrasen a los 12 vocales de extracción judicial. Ahora parece que tendrá que conformarse con lograr la minoría de bloqueo, es decir, nueve consejeros, para poder consensuar los nombramientos en la carrera judicial.
En el Tribunal Constitucional, la presidenta, María Emilia Casas; el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde Martín de Hijas y Jorge Rodríguez-Zapata también esperan su renovación. Pero antes, el propio tribunal tiene que dictar la sentencia sobre la constitucionalidad de su nueva ley orgánica, recurrida por el PP, ya que uno de los preceptos impugnados es el relativo a la designación por las Asambleas de las comunidades autónomas de los magistrados que corresponde nombrar al Senado. Uno de los magistrados sustitutos puede ser el actual presidente del Poder Judicial. Francisco José Hernando ha alcanzado ya la edad de jubilación, así que o va al Constitucional para los próximos nueve años o tendría que volver al Supremo como magistrado emérito.
En el Constitucional, la tradición exige que el nuevo presidente y el nuevo vicepresidente se elijan de entre los magistrados que ya llevan seis años en el tribunal y les queda el último tercio para su renovación. En este caso, correspondería elegir entre Javier Delgado Barrio, Roberto García-Calvo, Eugeni Gay y Elisa Pérez Vera. Los dos primeros, del sector conservador, y los otros dos, del progresista. Por veteranía y experiencia el mejor currículo lo ostenta Delgado, ex presidente del Poder Judicial En su contra juega su edad, 76 años, y su fuerte adscripción conservadora. El presidente tiene voto de calidad, y a menos que el PSOE tuviera una clara mayoría en el tribunal, hará lo posible por retener este cargo.
Un eventual pacto del PSOE con CiU podría reforzar las aspiraciones del catalán Eugeni Gay, ex presidente del Consejo General de la Abogacía, aunque no cuenta con demasiados apoyos. La progresista Elisa Pérez Vera no suscita ni rechazo ni entusiasmo, a diferencia del conservador Roberto García-Calvo, quien, demasiado significado por sus actitudes extremistas, parece totalmente descartado.
Con la renovación del Poder Judicial, del Constitucional y el relevo o ratificación del fiscal del Estado son al menos 25 los cargos que corresponde nombrar. Y eso, sólo en el caso de que sea confirmado el actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Las negociaciones implicarán a Gobierno, grupos parlamentarios, asociaciones judiciales y demás estamentos de la justicia.
El nombramiento de los 25 cargos en funciones necesita el acuerdo del PP
J. M. LÁZARO - Madrid - 17/03/2008
Concluida la batalla electoral, los resultados no permiten despejar aún si la Justicia seguirá sumida, como en la legislatura anterior, en el centro de la batalla política. Entre las prioridades que el nuevo Ejecutivo tendrá que acometer figura la renovación del Poder Judicial y del Constitucional, y el relevo o ratificación del fiscal general del Estado.
Las Cortes se constituyen el 1 de abril y el Gobierno no quiere esperar tres meses a que el PP celebre su congreso de ratificación o cambio de líder. "Nosotros tendremos que volver a designar negociadores y el PP los suyos, pero quedan tres meses hasta el verano y creemos que hay tiempo para renovar el Consejo y el Constitucional", señala el portavoz del PSOE, Diego López Garrido.
La renovación del Poder Judicial, cuyos consejeros están en funciones desde el 7 de noviembre de 2006, es la prioridad más urgente. Las Cortes tienen que nombrar, por mayoría de tres quintos, a los 20 consejeros y éstos nombrar a su presidente. Los candidatos de las asociaciones fueron designados en su día y todo está a la espera de un acuerdo.
El PP prometió que, si ganaba las elecciones del 9-M, cambiaría la fórmula para que fuesen las asociaciones las que nombrasen a los 12 vocales de extracción judicial. Ahora parece que tendrá que conformarse con lograr la minoría de bloqueo, es decir, nueve consejeros, para poder consensuar los nombramientos en la carrera judicial.
En el Tribunal Constitucional, la presidenta, María Emilia Casas; el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde Martín de Hijas y Jorge Rodríguez-Zapata también esperan su renovación. Pero antes, el propio tribunal tiene que dictar la sentencia sobre la constitucionalidad de su nueva ley orgánica, recurrida por el PP, ya que uno de los preceptos impugnados es el relativo a la designación por las Asambleas de las comunidades autónomas de los magistrados que corresponde nombrar al Senado. Uno de los magistrados sustitutos puede ser el actual presidente del Poder Judicial. Francisco José Hernando ha alcanzado ya la edad de jubilación, así que o va al Constitucional para los próximos nueve años o tendría que volver al Supremo como magistrado emérito.
En el Constitucional, la tradición exige que el nuevo presidente y el nuevo vicepresidente se elijan de entre los magistrados que ya llevan seis años en el tribunal y les queda el último tercio para su renovación. En este caso, correspondería elegir entre Javier Delgado Barrio, Roberto García-Calvo, Eugeni Gay y Elisa Pérez Vera. Los dos primeros, del sector conservador, y los otros dos, del progresista. Por veteranía y experiencia el mejor currículo lo ostenta Delgado, ex presidente del Poder Judicial En su contra juega su edad, 76 años, y su fuerte adscripción conservadora. El presidente tiene voto de calidad, y a menos que el PSOE tuviera una clara mayoría en el tribunal, hará lo posible por retener este cargo.
Un eventual pacto del PSOE con CiU podría reforzar las aspiraciones del catalán Eugeni Gay, ex presidente del Consejo General de la Abogacía, aunque no cuenta con demasiados apoyos. La progresista Elisa Pérez Vera no suscita ni rechazo ni entusiasmo, a diferencia del conservador Roberto García-Calvo, quien, demasiado significado por sus actitudes extremistas, parece totalmente descartado.
Con la renovación del Poder Judicial, del Constitucional y el relevo o ratificación del fiscal del Estado son al menos 25 los cargos que corresponde nombrar. Y eso, sólo en el caso de que sea confirmado el actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Las negociaciones implicarán a Gobierno, grupos parlamentarios, asociaciones judiciales y demás estamentos de la justicia.
