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Tunecinos festejan el triunfo electoral de Kais Saied en las elecciones de 2019 (Foto Fethi Belaid / AFP))

Dos jóvenes fueron condenados a un año de cárcel, acusados de haber mantenido relaciones homosexuales. Los jueces consideraron que su negativa a someterse a un “examen anal” era prueba suficiente del “delito”.

Por Bruno Bimbi

En Le Kef, una pequeña ciudad del interior de Túnez con poco más de 45 mil habitantes, dos jóvenes de 26 años fueron detenidos el pasado 3 de junio y, luego de dos instancias de un escalofriante proceso penal, acabaron condenados a un año de cárcel por mantener relaciones homosexuales. Al principio, os habían condenado a dos años, pero lograron reducir la pena en la apelación. En realidad, ni siquiera está claro que hayan tenido relaciones, pero los jueces consideraron que la negativa de ambos a practicarse un “examen anal” era prueba suficiente de que son gays –y eso, en Túnez, es delito.

Todo comenzó por un simple problema de deudas impagas entre ellos que derivó en una intervención de la policía, que sospechó que eran homosexuales. Y esa sospecha, en ese y otros países de la región, habilita todo tipo de barbaridades. Luego de intentar que lo confesaran bajo insultos y amenazas, les exigieron que se sometieran al examen anal, una forma de tortura usada en varios países para humillar a los gays, pero ellos se negaron. Por no permitir que un médico de la policía les inspeccionara el ano para determinar si lo usaron para mantener relaciones sexuales, acabaron presos.

La homosexualidad es ilegal en más de la mitad de los países de África –32 de sus 54 países la criminalizan de algún modo– y, en algunos donde formalmente no lo es, gays y lesbianas son igualmente perseguidos con base en tipos penales ambiguos, que punen los “actos indecentes”, “contrarios a la moral”, etc. Es así, por ejemplo, en Egipto.
Mauritania y algunas regiones de Nigeria y Somalia condenan a los homosexuales con la pena de muerte (en Sudán, recientemente, esa pena fue substituida por la de prisión perpetua). En Sierra Leona, Uganda, Kenia, Tanzania, Malaui, Zambia, además del resto de Nigeria, las penas van de los diez años de prisión a la cadena perpetua. Marruecos, Argelia, Libia, Eritrea, Etiopía, Zimbabue, Camerún, Togo, Ghana, Burundi, Guinea, Senegal, Suazilandia y Comoras establecen penas menores a los once años, y tanto Liberia como Angola condenan la homosexualidad sin establecer claramente las penas. Santo Tomé y Príncipe despenalizó la homosexualidad en 2012, Mozambique en 2015 y Botsuana en 2019. Son apenas ejemplos.

En el caso de Túnez, el artículo 230 del Código Penal castiga la “sodomía” (expresión derivada de una interpretación errónea de los capítulos 18 y 19 del Génesis que, en algunos países, es usada en legislaciones represivas para referirse al sexo anal y/o a las relaciones homosexuales) con hasta tres años de cárcel, y el 226 pune la “promoción de la indecencia” (en la práctica, cualquier expresión pública de afecto homosexual) con seis meses de prisión y multa. Por el simple hecho de haber nacido con una orientación sexual minoritaria, muchas personas son ilegales y castigadas por el crimen de existir.

La mayor parte de la población del país (95%) profesa el islam y, como en otras naciones de la región, la influencia de líderes religiosos fundamentalistas, combinada con una baja calidad democrática de sus instituciones, es fundamental para entender los elevados índices de prejuicio y homofobia social. De acuerdo con los datos más recientes del Pew Research Center, de 2019, el 72% de los tunecinos consideran que la homosexualidad no debería ser aceptada por la sociedad y apenas el 9% sí la acepta. A efectos de comparación, la misma encuesta muestra que, en la Argentina, la aceptación social de la homosexualidad es de 76% –el porcentaje sube al 85% entre los más jóvenes y 86% entre quienes tienen mayor nivel educativo– y apenas el 19% la rechaza. El mejor resultado es el de Suecia, con 94% de aceptación y 5% de rechazo, y el peor, Nigeria, con 91% de rechazo y 7% de aceptación.

Si bien la criminalización de la homosexualidad existe en Túnez desde 1913, cuando era aún una colonia francesa, hubo a principios de la década pasada una cierta esperanza de que las cosas comenzaran a cambiar. La llamada “primavera árabe” de 2011 acabó con la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, en el poder desde el golpe de Estado de 1987. Hubo una asamblea constituyente y parecía que se vendría un período de apertura, pero el país aún tiene una democracia frágil y muy influenciada por el fundamentalismo religioso suní. Beji Caid Essebi, el primer presidente democráticamente electo, en 2014, tras un período de transición, obtuvo el 55% de los votos como candidato de un partido laicista y reformista y, en su gobierno, llegó a defender la despenalización de la homosexualidad. Sin embargo, la idea provocó protestas y no prosperó. Essebi, que ya tenía 92 años y varios problemas de salud, murió en 2019.

En las siguientes elecciones llegó al poder el jurista conservador Kaïs Saied, que en la segunda vuelta consiguió el apoyo de partido islamista Ennahda –cuyos líderes han oscilado en los últimos años entre la moderación y el fanatismo en relación con la homosexualidad– y triunfó con el 73% de los votos.

La homosexualidad es ilegal en más de la mitad de los países de África: 32 de sus 54 países la criminalizan de algún modo.

Fue un gran retroceso: Saied no sólo apoya la continuidad del nefasto artículo 230 del Código Penal, sino que también ha dicho que la homosexualidad es “una enfermedad y un complot foráneo” y que la comunidad LGBT recibe financiamiento de intereses extranjeros para “corromper a la nación islámica”. Esa teoría conspirativa es usada por muchos líderes de la región, que asocian la homofobia al nacionalismo y a la defensa de valores tradicionales de su pueblo, a pesar de que, en realidad, la criminalización de las relaciones homosexuales no era una tradición autóctona, sino que fue introducida en la mayor parte de los países de África y Medio Oriente por colonizadores europeos de otras épocas en las que esos mismos prejuicios estaban más extendidos en Occidente.

Antes de la elección del actual presidente, el sitio español Dos Manzanas informaba que las condenas contra homosexuales en Túnez venían incrementándose cada año: fueron 56 en 2016, 79 en 2017 y 127 en 2018, por la creciente influencia islamista en los tribunales. No hay nada que sugiera que esa tendencia vaya a revertirse: Saied hizo campaña citando la sharía, ofendiendo a los homosexuales, rechazando las propuestas de igualdad entre hombres y mujeres y defendiendo la pena de muerte.

“Las autoridades tunecinas deben anular de inmediato la condena y liberarlos”, reclamó Human Rights Watch (HRW) al conocerse el caso de los jóvenes presos por sodomía. La ONG ya había exigido al parlamento de ese país que derogara los artículos del Código Penal usados para perseguir a los homosexuales, al Ministerio de Justicia que detenga a los fiscales del caso y al de Salud que no avale más los exámenes anales. Pero ninguno de esos reclamos ha sido atendido por el gobierno.

Una investigación realizada por esa misma entidad con el testimonio de tunecinos perseguidos por su orientación sexual –citada en un informe del año pasado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado– menciona “acoso policial, exámenes rectales forzosos, detenciones a raíz de una denuncia de miembros de la misma familia, detenciones tras registrar teléfonos y por encontrar ropa femenina, trato despectivo por parte del juez” y relata el caso de un menor que fue internado en un centro de rehabilitación y sometido a una “terapia de reorientación sexual”.

En 2017, el Consejo Nacional del Colegio de Médicos de Túnez publicó un comunicado llamando a los médicos a no realizar más los exámenes anales, condenando “todo examen médico no justificado y/o que atente contra la dignidad y la integridad física o mental de la persona examinada”. Pero esa forma de tortura, así como la persecución y la condena de seres humanos por el simple hecho de ser homosexuales, continúan siendo una realidad, en Túnez y en otros países de la región.

Todo esto sigue ocurriendo en 2020, mientras el resto del mundo hace de cuenta que no ve y varios de los países que practican estas atroces violaciones a los derechos humanos ocupan asientos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Fuente: https://tn.com.ar/opinion/tunez-cont...LwvGMn4knQTL0w