Enviado Flick el 28 mayo 2011
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 27 de mayo el proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, promesa electoral estrella del PSOE en materia de derechos civiles, y que por fin ve la luz tras un largo proceso de gestación. Una ley que incluye de forma explícita como condiciones o circunstancias que no pueden ser objeto de discriminación algunas que la Constitución no menciona expresamente, como la orientación y la identidad sexual, entre otras.
El proyecto, que promete convertirse en la próxima batalla entre el Gobierno y los sectores más conservadores, actualiza las definiciones de discriminación directa, indirecta y medidas de acción positiva, e incorpora por primera vez al ordenamiento jurídico español la discriminación por asociación y discriminación por error, la discriminación múltiple, el acoso discriminatorio, la inducción, la orden o instrucción de discriminar o la represalia. Introduce, no obstante, una cláusula de salvaguardia (la denominada diferencia de trato no discriminatoria) para permitir, en situaciones concretas, diferencias de trato “derivadas de una disposición, acto, criterio o práctica que pueda justificarse objetivamente por una finalidad legítima y como medio adecuado, necesario y proporcionado para alcanzarla”.
También establece el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, como el empleo, la salud, la educación, los servicios sociales o los medios de comunicación social. Uno de los aspectos que ha recibido este viernes la mayor atención mediática, por cierto, es la eliminación de las subvenciones públicas a aquellos colegios que segreguen a alumnos y alumnas en clases separadas.
La norma contempla además la fusión de organismos dispersos ya existentes en un órgano que pasará a denominarse ”Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”, que prestará asistencia a los afectados y promoverá fórmulas de mediación o conciliación entre las partes con su consentimiento. También podrá investigar por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación y ejercitar acciones judiciales.
El proyecto establece también un listado de infracciones y sanciones. Las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves, oscilando las sanciones entre los 150 euros en casos leves hasta los 500.000 en los supuestos muy graves. También se establecen las reglas de competencia para tramitar los procedimientos sancionadores.
Felicitaciones de Pedro Zerolo y CESIDA
El secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE (años atrás presidente de la FELGTB), Pedro Zerolo, ha querido subrayar en un comunicado la importancia del proyecto, para el que ha pedido el mayor consenso posible. “Me gustaría que la futura Ley obtuviera un apoyo parlamentario unánime”, ha señalado.
Zerolo ha destacado que la norma ha sido bien recibida por asociaciones y sindicatos, además de contar con los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. “Tanto las organizaciones sociales como los organismos consultivos han puesto de manifiesto la necesidad de esta ley, realizando una serie de propuestas de mejora, muchas de las cuales se han incorporado al proyecto”, ha indicado.
También la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA) ha emitido un comunicado en el que considera que el proyecto será un importante instrumento para dar respuesta al estigma y la discriminación hacia las personas con VIH. “Este proyecto de ley incorpora de forma explícita la no discriminación por enfermedad, una demanda que CESIDA ha solicitado desde hace años para evitar la discriminación hacia las personas con VIH que aún hoy se sigue produciendo, sobre todo en el ámbito laboral y sanitario”, ha señalado Udiárraga García, presidenta de CESIDA. “Deseamos que este proyecto de ley ayude a erradicar estas actitudes irracionales basadas en el prejuicio y el desconocimiento”, ha añadido
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