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Un informe acusa a Turquía de ignorar la violencia homófoba
Amnistía Internacional hizo público un informe el pasado martes en el que acusa a las autoridades turcas de no actuar contra el acoso, la violencia y la discriminación de las personas LGTB.
Según la publicación, el gobierno turco se ha negado a promover legislación antidiscriminatoria y ha permitido a políticos de primera línea hacer declaraciones abiertamente homófobas. De algún ejemplo nos hemos hecho eco en dosmanzanas, como el de la ministra de Mujer y Familia Aliye Kavaf, que hace un año calificó a la homosexualidad de “trastorno que necesita ser tratado“.
El informe también alerta de que muchos ciudadanos se ven obligados a esconder su orientación sexual para evitar el acoso y la violencia. Las mujeres transexuales son un colectivo especialmente vulnerable, como demuestra la agresión que sufrieron el año pasado un grupo de activistas transgénero. Una encuesta hecha a 104 mujeres transexuales reveló que el 89% de ellas habían sido víctimas de violencia en dependencias policiales. Aunque la homosexualidad nunca ha sido ilegal en Turquía, las personas LGTB suelen sufrir persecución por “comportamiento inmoral”, con frecuencia acusadas de ofrecer favores sexuales a sus atacantes.
La discriminación estaría a la orden del día: desde despidos como el de un árbitro de fútbol que se declaró homosexual, hasta censura de páginas web e intentos de ilegalizar asociaciones LGTB. El miembro de Amnistía Internacional Andrew Gardner ha afirmado que “es responsabilidad de todos los partidos en el parlamento asegurar que cualquier nuevo marco constitucional en Turquía deje fuera de la ley la discriminación por motivo de la sexualidad o identidad de género“. El país euroasiático celebró elecciones generales el pasado 12 de junio y el ganador Recep Tayyip Erdoğan ha anunciado su intención de redactar una nueva constitución
Amnistía Internacional hizo público un informe el pasado martes en el que acusa a las autoridades turcas de no actuar contra el acoso, la violencia y la discriminación de las personas LGTB.
Según la publicación, el gobierno turco se ha negado a promover legislación antidiscriminatoria y ha permitido a políticos de primera línea hacer declaraciones abiertamente homófobas. De algún ejemplo nos hemos hecho eco en dosmanzanas, como el de la ministra de Mujer y Familia Aliye Kavaf, que hace un año calificó a la homosexualidad de “trastorno que necesita ser tratado“.
El informe también alerta de que muchos ciudadanos se ven obligados a esconder su orientación sexual para evitar el acoso y la violencia. Las mujeres transexuales son un colectivo especialmente vulnerable, como demuestra la agresión que sufrieron el año pasado un grupo de activistas transgénero. Una encuesta hecha a 104 mujeres transexuales reveló que el 89% de ellas habían sido víctimas de violencia en dependencias policiales. Aunque la homosexualidad nunca ha sido ilegal en Turquía, las personas LGTB suelen sufrir persecución por “comportamiento inmoral”, con frecuencia acusadas de ofrecer favores sexuales a sus atacantes.
La discriminación estaría a la orden del día: desde despidos como el de un árbitro de fútbol que se declaró homosexual, hasta censura de páginas web e intentos de ilegalizar asociaciones LGTB. El miembro de Amnistía Internacional Andrew Gardner ha afirmado que “es responsabilidad de todos los partidos en el parlamento asegurar que cualquier nuevo marco constitucional en Turquía deje fuera de la ley la discriminación por motivo de la sexualidad o identidad de género“. El país euroasiático celebró elecciones generales el pasado 12 de junio y el ganador Recep Tayyip Erdoğan ha anunciado su intención de redactar una nueva constitución
