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ILGA-Europa ha publicado el mapa e índice anual Rainbow Europe en el marco del Foro IDAHOT+ desarrollado en Chipre. Este ranking clasifica a los 49 países europeos según la situación legal y política de las personas LGTB+
Anualmente, ILGA-Europa elabora el mapa e índice anual Rainbow Europe, donde clasifica la situación legal y política de las personas LGTB+ en 49 países europeos durante los últimos 12 meses. Los datos se han dado a conocer este jueves 12 de mayo en el marco del Foro IDAHOT+ desarrollado en Chipre. En líneas generales, se ha detectado una tendencia por llenar los vacíos que existen en torno a los derechos LGTB+ y por impulsar nuevos estándares ante las recientes amenazas a la democracia. Como viene sucediendo en años anteriores, España muestra una tendencia descendente y ha bajado 4 puestos en la clasificación europea.
El mapa arco iris de ILGA-Europa, que clasifica a los 49 países europeos en una escala entre 0% (violaciones graves de los derechos humanos, discriminación) y 100 % (respeto de los derechos humanos, plena igualdad), se publica cada mayo desde 2009, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Óscar Rodríguez, vocal de exteriores de FELGTBI+, ha colaborado en la elaboración de este informe y añade que “este esfuerzo común de activistas y entidades de todo el continente europeo hace una radiografía de la disparidad de derechos que aún existen para la comunidad LGTBI dependiendo de su lugar de residencia. Al mismo tiempo, Rainbow Europe, debería servir como hoja de ruta a quienes tienen capacidad de decisión para orientar sus políticas en materia de igualdad y diversidad.”
España baja 9 posiciones desde 2011
Este año, España se sitúa en el puesto 11º (de 49 países), lo que supone un descenso en la clasificación respecto a años anteriores. Sin ir más lejos, en 2020 y 2021 ocupó el 6º puesto, lo que indica que se está ralentizando el progreso de los derechos del colectivo en el territorio español. Esto es particularmente grave si tenemos en cuenta que España ha sido siempre un referente en derechos LGTB+, precisamente, en 2011 ocupó el 2º puesto en el ranking. Esto implica una llamada de atención para seguir dando pasos adelante y no estancarnos en réditos del pasado.
Algunos de los criterios que bajan la puntuación son el no reconocimiento de las personas no binarias y de la autodeterminación. Además, el requerimiento de un diagnóstico de trastorno de identidad de género y de una intervención médica obligatoria para personas trans, implican que aún se considere como una patología médica/psicológica, por lo que resta puntos de cara al ranking. Asimismo, en el informe se detectan necesidades de mejora, como la prohibición a nivel estatal de las terapias de conversión y la implementación de políticas públicas sobre asilo que contengan mención expresa de todos los motivos OSIEGCS (orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales).
El ranking se establece mediante la puntuación ponderada de cada país en siete categorías temáticas: igualdad y no discriminación; familia; delitos de odio y discurso de odio; reconocimiento legal de género; integridad corporal intersexual; espacio de la sociedad civil; y asilo. Una de ellas, la que se refiere a integridad corporal intersexual, se ha presentado nueva este año, dejando patente el compromiso de ILGA-Europa por adaptarse a las nuevas realidades y diversidades. En esta categoría se incluyen medidas como la prohibición de las intervenciones médicas innecesarias en personas intersexuales sin su consentimiento o la protección de la integridad corporal.
La aprobación de la Ley estatal Trans y LGTB+ es clave
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha señalado que la desigualdad legislativa entre territorios empeora nuestra clasificación en el índice anual. Además, este hecho justifica la necesidad de aprobar una Ley estatal Trans y LGTB+ que iguale al alza los derechos en las 17 CCAA y las 2 ciudades autónomas. Óscar Rodríguez defiende que “aprobar una legislación a nivel estatal volvería a situar a España entre los países más avanzados en derechos LGTB+ y reduciría las asimetrías entre los territorios del Estado. Al tiempo que estaríamos cumpliendo con las recomendaciones formuladas en la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025 de la Comisión Europea. El avance en políticas de igualdad siempre supone una mejora de la calidad democrática”.
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