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El Gobierno de PP y Vox en Castilla y León ha servido de laboratorio de pruebas para un giro radical en el discurso político en torno a asuntos tan fundamentales como el aborto, la violencia de sexual y de género o los derechos de la infancia o del colectivo trans.
Marisa Kohan@kohanm El resultado electoral que ha teñido el mapa de España de azul (PP) y verde (Vox) tras las elecciones del 28 de mayo pone en peligro muchos de los avances conseguidos a lo largo de la legislatura, en especial los que tienen que ver con los derechos de las mujeres y de la población LGTBIQ. El partido ultraderechista liderado por Santiago Abascal ha sido, sin duda, el que más ha crecido y se ha convertido en muchas autonomías y ayuntamientos en la llave para la alcanzar la gobernabilidad.
Tal como ocurrió en las últimas elecciones en Castilla y León, los de Vox no sólo esperan servir de palanca para facilitar cambios de gobierno antes liderados por partidos progresistas, sino que aspiran a que su posicionamiento ideológico sea tenido muy en cuenta a la hora de conformar las políticas futuras. Una aspiración que pone en riesgo muchos de los avances sociales alcanzados durante la última legislatura. Incluso aunque no hubiese un cambio en el Gobierno central tras las elecciones generales súbitamente convocadas por Pedro Sánchez, los gobiernos locales y autonómicos juegan un papel esencial a la hora de implementar las políticas aprobadas a nivel estatal. Y manejan buena parte de los presupuestos asignados para aplicar dichas políticas de manera efectiva.
En este sentido, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, afirmó este lunes que entre las metas más importantes del partido está la de "derrotar y derogar todas y cada una" de las políticas aprobadas por el Ejecutivo "sin medias tintas".
Entre los principales caballos de batalla de Vox están los derechos de las mujeres, la lucha contra lo que consideran la "ideología de género", así como los derechos de las personas LGTBI.
Castilla y León como referentes
La brabuconada lanzada por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, en enero pasado, cuando intentó cambiar los protocolos sanitarios para introducir medidas de presión contra las mujeres que querían abortar (entre ellas, introducir la obligación de que oyeran el latido fetal), no consiguió cambiar políticas incluidas en leyes que no son competencia autonómica, pero sí abrir un debate sobre un derecho fundamental. Y ese es un objetivo fundamental: cambiar el discurso político, para cuestionar derechos fundamentales como paso previo a su derogación.
Carmen Ruiz Repullo: "Es necesario luchar contra el relato del miedo y el rechazo que está ganando la partida"
"Lo que está claro es que las políticas feministas, de igualdad y de prevención de la violencias machistas se van a ver más amenazadas; también la coeducación", afirma Carmen Ruiz Repullo, socióloga y experta en prevención de las violencias machistas en las aulas. "Lo que preocupa es el paso atrás que se pueda producir, especialmente en el tema conceptual en relación a la violencias machistas, que diluyen conceptos utilizando el término de violencia doméstica y que nos retrotraen 30 años, o que hagan que incumplamos acuerdos internacionales como el Convenio de Estambul", añade. Repullo afirma que es necesario luchar contra el "relato del miedo y del rechazo" que está ganando la partida por su amplificación en redes sociales y medios de comunicación y que tienen "algoritmos patriarcales".
Tras el crecimiento de Vox y la posibilidad de que forme parte de diversos gobiernos locales y autonómicos, el peligro para analistas y expertos en derechos humanos es que el Partido Popular pueda claudicar en la defensa de derechos que ha manifestado defender. El partido de Alberto Núñez Feijóo se ha situado en los últimos años dentro del consenso parlamentario para la defensa del pacto de Estado contra la violencia machista, pero también ha sido el partido más activo en denunciar ante el Tribunal Constitucional algunos de los avances feministas más relevantes, como la ley de Igualdad de 2007, la ley del aborto (cuyo recurso ha sido desestimado por el TC 13 años más tarde) o la del solo sí es sí, por poner algunos ejemplos.
Si bien es cierto que muchas de estas políticas están ahora blindadas por leyes nacionales (como el aborto o los derechos del colectivo trans), el poder de autonomías y entidades locales sobre dichas políticas es muy amplio.
Autonomías y Gobiernos locales claves en políticas sociales
Tal como explica a Público Marisa Soleto, presidenta de Fundación Mujeres, si bien autonomías y Gobiernos locales no tienen la potestad de cambiar o ir en contra de leyes nacionales, sí tienen un enorme peso en su cumplimiento e implementación, por lo cual un giro hacia la derecha o extrema derecha en muchas regiones "afectarían de forma importante a las políticas públicas de igualdad y sociales, porque el actual sistema deposita en ellas su ejecución".
Soleto es crítica sobre el hecho de que a lo largo de la última legislatura la mayor parte de los avances en materia de igualdad o de violencia de género, así como el manejo de los fondos para implementar estas políticas, se hayan depositado en las comunidades autónomas. Entre ellos, los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista; pero también los referidos a la atención a las víctimas de violencia de género o las de violencia sexual, para los que el Gobierno central transfirió 66 millones de los fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia destinados a la puesta en marcha de centros de crisis 24 horas contra las violencias sexuales, cuya ejecución debía acabar a finales de este año, aunque muchos de ellos, según la presidenta de Fundación Mujeres, no están aún en ejecución.
En este sentido, Soleto hace un llamamiento a los partidos políticos, especialmente al PP, para que "asuman responsabilidad de Estado y cumplan con políticas sobre igualdad y derechos humanos"
El PP amenaza con derogar las leyes sociales
La negociación de los Gobierno locales se dará al mismo tiempo que se lleve a cabo la campaña para las elecciones generales, después de que este lunes Pedro Sánchez tomara la decisión de disolver las Cortes y convocar a las urnas para el próximo 23 de julio. En este contexto cobra cada vez más relevancia la advertencia lanzada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a finales del año pasado y repetida en la campaña de este 28M de que si llega a la Moncloa derogará el legado "sanchista", que incluye una decena de leyes de carácter social, entre las que figuran la que regula la eutanasia, la ley del aborto, la de sólo sí es sí o la ley trans.
De momento, el adelanto electoral deja en el tintero algunas leyes clave, como la de Familias, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en plena tramitación parlamentaria y que ha decaído con la disolución de las cámaras. Pero también otras que había prometido el Gobierno, como la ley contra la trata y el proxenetismo.
Fuente: https://www.publico.es/mujer/auge-de...box=1685424042
