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La Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de cárcel por asesinar a Samuel Luiz con una «deshumanización extrema»

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    Uno de los presuntos asesinos de Samuel Luiz, entrando a declarar a los juzgados en agosto del 2021 CESAR QUIAN

    Un jurado popular decidirá el destino de los cinco acusados mayores de edad por su crimen en A Coruña

    Samuel Luiz murió a las 06.50 horas en el hospital de A Coruña por un traumatismo craneoencefálico y una hemorragia subaracnoidea en la madrugada del 3 de julio. Apenas unas horas antes, en torno a las tres de la madrugada, un grupo de jóvenes le propinó una brutal paliza en plena calle. El joven de A Coruña estaba de fiesta por la zona de Riazor cuando se abalanzaron sobre él y lo apalearon hasta quitarle la vida. Solo tenía 24 años. Entre otras cosas, según los testigos y como recoge el escrito de la sección de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía, le profirieron gritos como «maricón de mierda».

    El suceso que sobrecogió a la ciudad y a todo el país aquel verano postpandemia enfila su proceso judicial. El Ministerio público pide para los cinco detenidos mayores de edad penas de entre 22 y 27 años de cárcel. Están acusados de un asesinato con alevosía y ensañamiento. Esta es la acusación común para los cinco, de 22 años de prisión. Después, el Fiscal establece las siguientes particularidades y agravantes.

    Para empezar, aquella noche Samuel salió al exterior del pub Andén, en los bajos del Playa Club, para hacer una videollamada. Fue en ese momento cuando se cruzaron con él Diego Montaña y Kathy Silva, la pareja implicada en el asesinato para la que piden 25 años a cada uno por su especial «virulencia» motivada por sospechar que la víctima era «homosexual». A los dos les aplica por tanto el agravante de discriminación. Desde la Fiscalía remarcan que estas penas son las máximas que permite el Código Penal para estos delitos.

    El Ministerio público detalla así que Diego Montaña le gritó a Samuel «deja de grabarnos» y fue ahí cuando, sostiene, «interpretó» su orientación sexual. Esto llevó a una reacción aún más cruel por su «animadversión» hacia el colectivo. A partir de ahí, se desencadenó la agresión «de forma sorpresiva y repentina» y «con ánimo de causarle la muerte». Montaña empezó a propinarle «puñetazos y patadas», principalmente en «la cabeza y la cara».

    La acusada Kathy Silva, desde el principio en el lugar de la pelea, «compartía plenamente», según el escrito, la «profunda animadversión» de Diego «hacia la homosexualidad atribuida a Samuel». Ella colaboró «de forma activa» para que nadie pudiese ayudar al joven, empujando a la amiga que lo acompañaba, Lina.


    A la pelea se unió entonces otro de los acusados, Alejandro Freire (Yumba), para el que la Fiscalía pide 22 años de prisión. Afirma que este tercer implicado mayor de edad era «perfectamente consciente de la brutalidad de la acción que estaban ejecutando y las gravísimas consecuencias que pudieran derivarse para la integridad física de su víctima».

    A este linchamiento se fueron sumando más personas. Es ahí cuando aparecen en escena los otros dos acusados, Kaio Amaral y Alejandro Míguez. Para el último, la Fiscalía pide 22 años de prisión, mientras que para el otro serían 27 años de cárcel , 22 por un delito de asesinato y otros cinco años por un delito de robo con violencia. La razón es que se llevó el teléfono móvil de Samuel Luiz cuando este ya estaba tirado en el suelo inmóvil.

    Además, para todos se añaden otros cinco años de libertad vigilada por delito de asesinato. También es el máximo que permite la ley, según destaca la Fiscalía.

    Estos cinco acusados mayores de edad no fueron los únicos implicados. La Policía Nacional detuvo en total a siete personas, entre las que hay dos menores de edad. Ambos llegaron a un acuerdo, reconocieron los hechos a cambio de una reducción de la condena. En la primavera del 2022 fueron acusados ya por un delito de asesinato y están en regimen de internamiento. Sus abogados lograron un acuerdo con la Fiscalía por el que cumplirán tres años y medio de reclusión

    Jurado popular y prisión provisional

    La Fiscalía establece que el formado del juicio a los cinco mayores de edad será con jurado popular. Mientras este no se celebre, tres de los acusados permanecen en prisión provisional desde el 9 de julio del 2021. En junio de este año el Ministerio fiscal solicitó prorrogar esta medida cautelar para los tres encarcelados que en julio cumplieron dos años privados de libertad.

    No están entre rejas ni la acusada Kathy Silva, que tiene que personarse periódicamente en el juzgado, ni el quinto de los detenidos Alejandro Míguez Aunque entró en prisión a finales de septiembre del 2021, salió apenas 30 días después. Está en libertad y, al igual que la investigada, con la obligación de personarse ante las dependencias judiciales.

    El Ministerio público concluye que «todos los acusados eran conscientes de que con la duración y persistencia de los golpes» podían «ocasionarle la muerte» a Samuel. Además, algunos incluso hicieron lo posible porque no escapara y entorpecieron los intentos por auxiliarse de dos testigos que a esa hora se encontraron con el linchamiento en plena vía pública, los senegaleses Diack y Magatte N'Diaye.

    La Fiscalía es contundente en su valoración. El linchamiento fue el «reflejo de una crueldad y deshumanización extremas». Samuel «cayó al suelo desplomado e inconsciente» sobre las tres de la madrugada de aquel 3 de julio del 2021. Lo que no refleja el escrito es el empleo de una botella como presunta arma del crimen, como se sopesó en investigaciones iniciales.

    En su documento, el Ministerio público detalla diferentes indemnizaciones que también afectan a los dos menores de edad acusados. Por un lado, pide una compensación para los padres y la hermana de Samuel por los perjuicios y daños morales ocasionados. Asciende a los 263.284 euros. Además, añade otra remuneración de 40.000 euros al padre de Samuel por la incapacidad permanente en el grado de total para la profesión habitual. El cuarto detenido por los sucesos de aquella madrugada, el acusado de robar el móvil de la víctima, tendrá abonar 859 euros. Es el valor del terminal que le sustrajo a Samuel. Este confesó que lo tiró a unos contenedores. Nunca fue recuperado.

    Fuente: https://www.lavozdegalicia.es/notici...7963806747.htm

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